"El sur occidente no escapa a esta catástrofe humanitaria, por ejemplo según declaraciones y confesiones expresadas en diligencias judiciales y también ante diferentes medios de comunicación varios integrantes con rango y mandos paramilitares diferentes, han exteriorizado su accionar vinculando a militares, a otros servidores públicos, a políticos y a personas de fuera y dentro de la institucionalidad.
El proceder macabro de las masacres, del descuartizar las víctimas, desmembrar los cuerpos para enterrarlos "más económicamente", mutilarlos con moto sierras, freír las partes pulpas y grasosas de los cadáveres y deglutirlas posteriormente con nítida actitud caníbal y sanguinaria por ejemplo, y otras prácticas que se tipifican como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, expresadas por varios paramilitares y conocidas en diferentes medios de comunicación, ocurrieron en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo como así lo manifestaron varios de ellos y conocidas públicamente.
"En el caso del Valle del Cauca, Trujillo desde 1989 hasta ahora ha sufrido esta barbarie, cuando en ese entonces fueron aserrados hasta morir más de trescientas personas y muchas de ellas arrojadas al río, hasta hoy cuando en la Sonora parte rural alta de este municipio hay un cementerio paramilitar con varias fosas y muchos despojos mortales.
Igual sucede en Montañitas en Yumbo y la Cumbre, Dagua, La Buitrera y el Arenillo en Palmira, Galicia, Pardo Alto, Bugalagrande, Tuluá, Barragán, La Marina, Jicaramata, Venus, Monteloro, Puerto Frazadas, Buenaventura, La Inmaculada,, Gamboa, Candelaria, Villa Gorgona, Jamundí, Robles, Jamundí, San Antonio, Asnazú, La Liberia, San Antonio, Santander de Quilichao, San Pedro, Mondomo, Cajibío. La Hormiga y Orito en el Putumayo, Tumaco, Remolinos, Policarpa, Barbacoas, Llorente, El Diviso en Nariño.
De lo que se trata ahora no es sólo exhumar los despojos mortales, se trata también identificarlos, ubicar sus familiares, acompañarlos en el duelo familiar, social y político, también descubrir los victimarios dentro y fuera de las Instituciones Oficiales, accionar jurídicamente contra el Estado, por un lado, y también por otro aspecto, accionar no como repetición judicial sino en el marco del Estatuto de Roma o de Tribunales Internacionales contra los funcionarios y servidores públicos en los tres poderes y en los organismos de seguridad que presuntamente estén involucrados en estos crímenes genocidas, de guerra y de lesa humanidad, que deben ser denunciados también este 1 de mayo contra la guerra y el autoritarismo, por la paz con justicia social, por la solución política al conflicto social y armado colombiano y por el intercambio humanitario.
No podrá haber ni perdón, ni olvido a estos crímenes que atentan contra la humanidad. "
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